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Las declaraciones del conseller de Presidència, Albert Dalmau, sobre la necesidad de revisar el modelo de escuela inclusiva y ampliar las plazas de educación especial han encendido el debate educativo en Catalunya. Tras el rechazo mayoritario al preacuerdo con Educación por parte del profesorado, sus palabras han generado alarma entre familias y entidades y reavivado la discusión sobre dónde deben ir los recursos.
Un comentario que ha levantado ampollas
Dalmau dijo que, aunque considera la inclusión un buen modelo, es preciso reconocer sus limitaciones y explorar alternativas, porque muchos docentes se sienten sobrepasados por la creciente complejidad del aula. Esa intervención cayó como un jarro de agua fría en la federación de familias aFFac, que interpreta el mensaje como un posible giro en la política educativa.
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Desde la federación, su directora, Lidón Gasull, acusa al Govern de una negociación «muy mala» que habría comprometido partidas presupuestarias sin un plan claro. Gasull señala que primero se comprometieron 2.000 millones en el acuerdo de marzo y después otros 726 millones vinculados con Aspepc, y pide una hoja de ruta que incluya a toda la comunidad educativa.
La versión del Departament
El Departament d’Educació sostiene que es consciente del aumento de la complejidad educativa y defiende la necesidad de un sistema flexible que ofrezca respuestas variadas. Según la conselleria, los centros de educación especial siguen cumpliendo una «función esencial» dentro del sistema, tal como contempla el decreto vigente.
Además, el acuerdo firmado con CCOO, UGT y Aspepc prevé la creación de 200 nuevas plazas de educación especial, una decisión llamativa porque en años anteriores la tendencia había sido priorizar la escolarización en centros ordinarios.
¿Refuerzo de la inclusión o más plazas especiales?
La consellera Esther Niubó y su equipo insisten en que el refuerzo de la escuela inclusiva y la ampliación de plazas de educación especial no son objetivos contrapuestos, sino complementarios. Defienden que ambos elementos forman parte de un mismo modelo destinado a garantizar respuestas ajustadas a cada alumno, con criterios profesionales y la participación familiar.
Pero asociaciones de familias y entidades docentes mantienen serias reservas. Para Mar Hurtado, de la Associació de Mestres Rosa Sensat, la inclusión «real» exige inversiones, coordinación y formación de calidad. Ana Ibáñez, de la Plataforma Enfermera Escolar, rechaza que las llamadas vetlladores —perfiles que define como precarizados y feminizados— sean el pilar del sistema inclusivo.
Lo que contempla el acuerdo
El plan de despliegue recoge la incorporación de más de 6.400 dotaciones en cuatro cursos: 1.088 para 2026-2027; 1.651 para 2027-2028; 1.651 para 2028-2029; y 2.023 para 2029-2030. En paralelo, está prevista la llegada de 1.700 docentes nuevos el próximo curso para todo el sistema.
Ese aumento de efectivos hará posible, entre otras cosas, las 200 plazas en centros de educación especial mencionadas por Dalmau. Para algunas direcciones educativas es un avance, pero muchas familias y plataformas lo consideran insuficiente.
Quién participa en la ejecución
La controversia se amplifica por la composición de la mesa encargada de ejecutar el acuerdo. El sindicato Ustec, partidario de más recursos para la inclusión, no forma parte de esa comisión porque no firmó el pacto tras la consulta negativa del profesorado. En cambio, Aspepc —que históricamente ha mostrado reticencias al decreto de inclusión— sí participa.
Patrícia Morales, responsable de escuela inclusiva en Ustec, lamenta no poder vigilar el reparto de las dotaciones desde la mesa de despliegue. Para el sindicato, es esencial concretar cómo se distribuirán las figuras y las horas de coordinación entre el Personal d’Atenció Educativa (PAE) y el profesorado.
Tensión y cansancio en la comunidad educativa
El curso ha estado marcado por protestas y 25 jornadas de huelga. Muchas familias han acabado apuntando a sus hijos a centros de educación especial porque la escuela ordinaria carece de recursos para atender la diversidad. A su vez, varias voces del profesorado describen una sensación de estancamiento y falta de voluntad real para desbloquear la situación.
Un docente de secundaria explica que espera que las movilizaciones hayan forzado algún cambio, pero percibe que las medidas presentadas no resolverán los problemas estructurales. El temor es que en septiembre reaparezcan las mismas deficiencias, salvo en centros que tengan la suerte de recibir algún refuerzo extra.
Qué está en juego
El conflicto no es solo técnico: plantea preguntas sobre prioridades presupuestarias y de modelo pedagógico. ¿Invertir más en plazas de educación especial o reforzar recursos en la escuela ordinaria para que atienda mejor a todo el alumnado? La respuesta determinará la experiencia educativa de muchos niños en los próximos años.
Los nuevos espacios de diálogo anunciados por la consellera Niubó serán la siguiente oportunidad para intentar acordar criterios. Hasta entonces, la comunidad educativa afronta el verano con incertidumbre y la preocupación de que septiembre traiga nuevos focos de tensión.
