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Moncloa acusó a la judicatura de practicar un “lawfare” tras la condena a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación. El Gobierno y la cúpula del PSOE consideraron la sentencia parte de una estrategia destinada a afectar al presidente a través de su entorno familiar y anunciaron que la decisión será recurrida.
Reacción oficial y tono reivindicativo
La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, vinculó la resolución con un intento de “dañar” al presidente mediante ataques a su familia. En Moncloa sostienen que la publicación de la sentencia, minutos antes de la comparecencia prevista, no fue casual y describen la actuación judicial como una campaña sistemática.
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Fuentes del Gobierno repiten que “en democracia no se condena a inocentes” y advierten de que la respuesta será judicial. Según esas mismas voces, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ya contactó con el presidente y con otros miembros del equipo de La Moncloa.
Preocupación por futuros fallos
En el Ejecutivo muestran pesimismo sobre el posible devenir de procesos que afectan a personas del entorno presidencial, y apuntan al caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como un precedente que, a su juicio, refleja condenas sin pruebas suficientes.
Desde Moncloa dan por hecho que hay más resoluciones en camino y confían en que las instancias superiores puedan revocar sentencias «problemáticas». Fuentes gubernamentales avanzan que recurrirán la decisión contra David Sánchez.
Apoyo interno y crítica al procedimiento
Ministros socialistas, dirigentes del PSOE y el grupo parlamentario han cerrado filas y elevaron el tono contra lo que califican de persecución judicial. Varios responsables definieron la condena como una “barbaridad”.
Al revisar la motivación del fallo, el Gobierno subraya que la sentencia no acredita que se ejerciera presión o influencia. Por ello los socialistas hablan abiertamente de una “causa política” y consideran inaceptable que se condene sin pruebas solo por generar titulares.
Sánchez mantiene el silencio público
Pedro Sánchez se enteró de la resolución mientras asistía en París a un acto institucional y, por ahora, no ha hecho valoraciones públicas. Su agenda incluye un acto en La Línea de la Concepción, donde su equipo indica que no abordará el asunto.
Queda por ver si el presidente asume públicamente los mensajes de choque lanzados por varios de sus ministros y por la dirección de Ferraz.
Choque político y mensajes cruzados
En el debate público, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dirigió duras palabras al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras las declaraciones de éste en las que celebró que “nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea”. Puente respondió en redes calificando a Feijóo de “cobarde y un incapaz” y advirtiendo de un coste electoral.
La discusión política ha tenido efectos en la visibilidad de la labor del Ejecutivo. En Moncloa lamentan que los procesos judiciales estén marginando iniciativas como la aprobación de la ley contra la violencia vicaria o una transferencia extraordinaria de más de 900 millones a las comunidades para dependencia.
Otros fallos y el contexto judicial
El Ejecutivo también recuerda sentencias recientes contra cargos socialistas; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó al exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a nueve años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa en un caso de enchufismo.
En Moncloa acusan a la oposición de dar voz a denuncias que, según defienden, proceden de organizaciones de extrema derecha y buscan erosionar la imagen del Gobierno en lugar de confrontar sus políticas y logros.
