Mostrar resumen Ocultar resumen
El Gobierno ha puesto en consulta pública un proyecto para modernizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, la conocida como CUME. La propuesta amplía enfermedades incluidas y flexibiliza plazos y criterios, pero mantiene un límite de edad que asociaciones de familias cuestionan.
Qué regula la CUME y por qué se revisa
En Airbus Sevilla hay división: San Pablo sigue en huelga; Tablada vota por retomar la actividad
Guía para gestionar la facturación de proveedores y reducir la carga fiscal
La CUME es una ayuda de la Seguridad Social dirigida a progenitores, guardadores con fines de adopción y acogedores permanentes que reducen su jornada laboral al menos un 50% para cuidar a un hijo con cáncer u otra enfermedad grave.
En vigor desde 2011, el reglamento actual se sustituirá por un nuevo real decreto que, según el Ministerio de Seguridad Social, busca adaptar la prestación a la “realidad clínica actual” y ofrecer mayor seguridad jurídica a las familias. El proyecto fue sometido a audiencia pública la semana pasada y el plazo para enviar aportaciones finaliza el 25 de junio. Al tratarse de un real decreto, el Ejecutivo puede aprobarlo sin necesidad de convalidación en el Congreso.
Principales novedades del borrador
Una de las novedades más relevantes es la actualización del catálogo de patologías protegidas. El texto incorpora expresamente el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu, y permite que el anexo se actualice en el futuro mediante orden ministerial, en función de los avances médicos.
También se reconoce de manera explícita que ciertos cuidados fuera del hospital tradicional —como la hospitalización domiciliaria y tratamientos ambulatorios complejos— equivalen a un ingreso prolongado. El objetivo es que puedan acceder a la prestación quienes atienden a menores que requieren cuidados continuos y directos aunque no permanezcan ingresados en planta.
En cuanto a la duración, el borrador establece que la prestación se concederá inicialmente por cuatro meses. A continuación cabrá una primera prórroga de seis meses y, después, renovaciones sucesivas de ocho meses cada una. Además, se amplían los plazos para solicitar esas prórrogas y se aclaran derechos en situaciones de divorcio, extinción de parejas de hecho o convivencia compartida.
Motivación oficial
La ministra Elma Saiz explicó en el Congreso que la reforma pretende proteger mejor a las familias mediante tres ejes: ajustar la protección a las realidades sanitarias actuales, reforzar la seguridad jurídica frente a nuevas configuraciones familiares y laborales, y mejorar la transparencia y la homogeneidad en la gestión.
Para plasmar esos cambios, el Gobierno propone derogar íntegramente el real decreto de 2011 y sustituirlo por una regulación única y coherente.
Críticas de las asociaciones
Organizaciones de familias afectadas han mostrado su rechazo al borrador. La Asociación de Familias en situación de CUME y permisos asimilados (ASFACUME) considera que algunas medidas representan “un grave retroceso” y podrían dificultar el acceso o la continuidad de la prestación para muchas familias.
Entre sus objeciones destacan la exigencia de que determinadas renovaciones sean avaladas por especialistas distintos de Atención Primaria; la introducción de informes periódicos de inspección médica sobre situaciones ya acreditadas; y la obligación de limitar ciertas certificaciones al sistema público de salud. También critican que los nuevos formularios incluyan datos sobre escolarización y horarios educativos y denuncian un enfoque excesivamente clínico que, a su juicio, no valora debidamente la realidad de los cuidados continuos.
ASFACUME alerta además de que el borrador no ofrece solución para quienes cuidan a personas mayores de 26 años, cuando persiste la necesidad de atención. En la misma línea, la Confederación ASPACE reclama la eliminación del límite de edad para los casos con grandes necesidades de apoyo.
Qué cambia en la práctica y qué queda por decidir
Si el real decreto sigue adelante tal como está, muchas familias verían ampliadas las situaciones que dan derecho a la prestación y tendrían plazos más largos para las prórrogas. Al mismo tiempo, los requisitos documental y de seguimiento podrían endurecer algunos procesos de renovación.
El periodo de consulta pública permite que entidades, profesionales y particulares presenten observaciones hasta el 25 de junio. Será en ese proceso donde se puedan introducir matices o modificaciones antes de que el Ejecutivo apruebe la norma.
