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- Un llamamiento a la unidad antes del cierre europeo
- Presupuesto asegurado y dos vías para completarlo
- Un reglamento separado y demandas clave
- Estructura financiera: 18 intervenciones y distinta financiación
- Actuaciones sin financiación reservada y colaboración regional
- POSEI y necesidades específicas de Canarias
- Pesca: mejora actual, pero España pide más
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha instado a las comunidades autónomas a mantener una postura conjunta en la fase final de las negociaciones sobre la futura Política Agraria Común (PAC) 2028‑2034. España parte con un marco financiero de 37.235 millones de euros y dos mecanismos de flexibilidad que deberán completar ese montante.
Un llamamiento a la unidad antes del cierre europeo
Planas ha valorado el trabajo preparatorio de las comunidades autónomas y ha pedido que su posicionamiento siga siendo común para reforzar la voz española en Bruselas. La presidencia irlandesa del Consejo aspira a cerrar el reglamento de la PAC durante su semestre, por lo que conocer pronto la posición de los Estados miembros es crucial.
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En reuniones recientes, el ministro ha presidido los Consejos Consultivos de Políticas Pesqueras y Agrícolas para Asuntos Comunitarios, donde se han debatido las dudas planteadas por las autonomías. “Si estamos unidos, ganamos y si no lo estamos, tenemos muchas opciones de fracasar”, dijo Planas al resumir la prioridad política.
Presupuesto asegurado y dos vías para completarlo
El Gobierno asegura la asignación de 37.235 millones para la PAC 2028‑2034. Esa cifra, sin embargo, se complementará mediante dos instrumentos.
El primero consiste en reasignar un 10% de los fondos de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación (PNR) hacia las zonas rurales. El segundo es un mecanismo ligado al Marco Financiero Plurianual (MFP) que requiere votación en las instituciones europeas y que ya tiene el respaldo del Parlamento Europeo.
Un reglamento separado y demandas clave
España defiende que la nueva PAC tenga personalidad jurídica propia y un reglamento específico, independiente de los PNR. El objetivo es evitar la renacionalización de la financiación que propone la Comisión.
Un grupo de alrededor de 20 Estados miembros comparte esa prioridad, lo que ha permitido avanzar hacia una ayuda más sólida. Entre los asuntos aún por definir figuran la orientación del apoyo decreciente a la renta por superficie (DAIS), el pago a los pequeños agricultores, la fijación de topes máximos y mínimos, las ayudas asociadas, las intervenciones sectoriales y la arquitectura ambiental de la PAC.
Estructura financiera: 18 intervenciones y distinta financiación
La reforma se articula en 18 intervenciones. Doce de ellas ya disponen de presupuesto reservado.
Otras cuatro intervenciones reciben financiación a través de fondos europeos —se mencionan partidas como DABIS, ayudas complementarias a jóvenes, el régimen simplificado para pequeños agricultores y las ayudas asociadas—. España reclama que el 10% de esas cuantías vaya a jóvenes agricultores y cuenta con el respaldo de todas las comunidades autónomas en ese punto.
Para las actividades con partida reservada, la propuesta exige una cofinanciación nacional del 30%, una condición a la que España se opone. En sectores como el vitivinícola y el de frutas y hortalizas, Madrid pide mantener la financiación europea tal como ha funcionado hasta ahora, para evitar desajustes en el mercado.
Actuaciones sin financiación reservada y colaboración regional
Seis intervenciones quedan sin presupuesto asignado y dependerán del Plan de Colaboración Nacional y Regional. Entre ellas se incluyen el programa LEADER de desarrollo rural y las ayudas a la innovación.
Planas ha defendido que estas actuaciones dependan, en buena medida, de autofinanciación o de acuerdos concretos entre administraciones, en lugar de integrarse automáticamente en partidas comunitarias ya comprometidas.
POSEI y necesidades específicas de Canarias
El ministro ha solicitado una dotación específica para el POSEI —el programa que compensa la lejanía e insularidad—, que no aparecía en la primera propuesta. En la negociación se plantea una cifra cercana a 268 millones de euros al año para garantizar la continuidad de las medidas para Canarias.
Pesca: mejora actual, pero España pide más
En el ámbito pesquero, la subvención comunitaria para 2026 se elevó hasta los 4.000 millones de euros. El Ejecutivo español considera que ese importe es insuficiente y apuesta por aumentarlo hasta los 6.108 millones, dado que España es el principal beneficiario de estos fondos.
Entre las medidas que se negocian figura una mayor flexibilidad en el uso de fondos para la pesca. Se propone suprimir el límite del 15% para la compra de buques por parte de jóvenes armadores, facilitar la modernización de motores y permitir un aumento del arqueo bruto. También se plantea eliminar la prohibición de ayudas a embarcaciones de más de 24 metros de eslora, si bien desde el ministerio advierten de que tamaño no equivale necesariamente a mayor capacidad extractiva.
