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Un estudio conjunto de la Universidad Carlos III de Madrid y la vicesecretaría general de UGT alerta de que España dedica muy pocos recursos por persona desempleada a las políticas activas de empleo, una circunstancia que reduce la atención personalizada y obliga a replantear incentivos, formación y la plantilla del servicio público de empleo.
¿Cuánto gasta España por parado?
Según el informe, la inversión media española en políticas activas se sitúa en 3.331 euros por persona desempleada al año. Esa cifra queda muy por detrás de otros Estados miembros y refleja una menor capacidad para ofrecer orientación, seguimiento y formación individualizada.
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El estudio compara la cuantía española con la de varios socios europeos: Alemania destina 16.890 euros por desempleado y Francia 14.250 euros, mientras que países líderes en la materia multiplican por mucho la cifra española.
- Irlanda: 45.190 euros
- Dinamarca: 41.310 euros
- Luxemburgo: 36.000 euros
- Bélgica: 27.500 euros
Un presupuesto que crece pero no llega igual
Entre 2018 y 2022, la inversión en políticas de empleo en España aumentó un 20%, pasando de 8.500 a 10.200 millones de euros, y representó el 0,762% del PIB, según el informe.
Sin embargo, los últimos datos del paro del mes de agosto recogen un incremento de 44.419 personas desempleadas, lo que reduce el importe disponible por beneficiario y amplía la distancia con los países mejor dotados. El documento subraya que esa menor disponibilidad de recursos perjudica sobre todo a los jóvenes y a quienes acumulan una larga trayectoria sin empleo.
El informe apunta además que el paro de larga duración conforma el 38,8% del total de desempleados en España, con una tasa del 3,8% —el doble de la media europea—. Entre las mujeres ese porcentaje llega al 43,3% y la tasa de paro juvenil se sitúa en el 24,5%.
Limitar bonificaciones generales y priorizar colectivos vulnerables
Los autores reclaman revisar las ayudas a la contratación para evitar el llamado «efecto de peso muerto»: subvenciones que financian empleos que las empresas habrían creado sin ayuda pública.
La recomendación es reducir el uso indiscriminado de incentivos —como reducciones en cuotas o subsidios— y concentrarlos en los colectivos de mayor vulnerabilidad: jóvenes en riesgo de exclusión, personas mayores de 45 años y desempleados de larga duración.
Además, el informe propone ligar el pago de ayudas a un diagnóstico previo de necesidades y redirigir recursos sobrantes hacia la formación. Como ejemplo, cita que en 2024 el SEPE dejó sin ejecutar 616,7 millones de euros en cursos; esa cifra equivalía al 35% del presupuesto previsto para la formación de trabajadores en activo y al 26% del destinado a personas desempleadas.
Un SEPE con miles de vacantes
La gestión de prestaciones y la atención individualizada se ven también limitadas por la falta de personal en el servicio público. El informe indica que la estructura prevista del SEPE suma 11.811 puestos, de los que solo están cubiertos 8.304, lo que deja 3.507 vacantes —el 29,7% del total—.
A esa brecha se añaden problemas de temporalidad e interinidad, y dificultades para sustituir a quienes abandonan sus plazas. Para los autores, reforzar la plantilla es clave para mejorar la orientación a grupos con mayores barreras para volver al mercado laboral.
En conjunto, el informe propone desplazar recursos desde bonificaciones generales hacia medidas que aumenten la empleabilidad y la atención personalizada, mientras insiste en cubrir las vacantes del SEPE para que el sistema pueda responder a quienes más lo necesitan.
