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Francisco Olea y María Andrade, un matrimonio que lleva más de medio siglo en la misma vivienda de Artigues (Badalona), evitaron hoy ser expulsados de su piso de inmediato tras la presión vecinal y la intervención del Ayuntamiento; finalmente el banco aceptó aplazar el desahucio hasta el 29 de octubre. La decisión da a la pareja —de 81 y 74 años— un mes adicional para buscar una alternativa de vivienda.
Cómo se llegó a esta situación
La pareja había saldado su hipoteca hace cuatro décadas. Hace 15 años, accedieron a avalar con sus bienes un préstamo concertado por su hijo.
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Ese crédito quedó impagado en 2012. Según la familia, el hijo ocultó la gravedad del impago hasta el lunes anterior, cuando los progenitores se enteraron de que al día siguiente estaba programado el desahucio.
Movilización en la puerta y mediación municipal
Cuando dos vehículos de los Mossos d’Esquadra llegaron a las 11.30 para ejecutar la orden, encontraron cerca de una cincuentena de personas concentradas. Acudieron activistas del Sindicat d’Habitatge de Badalona y vecinos del portal que habían conocido la situación al bajar a la calle.

Familiares se personaron en el Ayuntamiento y los concejales Daniel Aguilera y Juan Manuel Ruiz intervinieron en las negociaciones con la entidad financiera. Como resultado de esa mediación, el banco aceptó posponer la ejecución hasta el 29 de octubre.
Pocas vías de apoyo por el escaso margen
El aviso con tan poco tiempo impidió que la pareja solicitara recursos temporales de urgencia ofrecidos por el Ayuntamiento o la Generalitat, según explican los afectados. Esa falta de margen fue el motivo por el que la familia acudió al sindicato y pidió una reunión inmediata en el consistorio para buscar soluciones.
Un golpe familiar
Francisco lamentó que su intención de ayudar a su hijo acabara perjudicándoles. La familia reclama que el banco ya se quedó con la vivienda vinculada al préstamo del hijo, por lo que ahora piden que no se ejecute el desahucio de su vivienda habitual.
Las cuentas no salen
El caso plantea además una dificultad económica clara: la pareja tendría que buscar un alquiler en la zona. Francisco percibe una pensión de 1.800 euros; María no recibe ingresos.

Desde el sindicato se vincula la medida a intereses especulativos del mercado inmobiliario en el área metropolitana, señalando que un piso comprado hace décadas por cantidades simbólicas puede ahora generar un beneficio elevado para la entidad bancaria.
Próximos pasos y contexto
El Ayuntamiento ha citado a la familia y al sindicato para este miércoles con el objetivo de estudiar alternativas y valorar posibles apoyos.
El despliegue de este desahucio llega en un contexto local tenso: semanas atrás se registraron varios lanzamientos en Badalona y la trágica muerte de una vecina de L’Hospitalet tras ser expulsada de su vivienda ha vuelto a poner el foco en las consecuencias sociales de estas ejecuciones. Además, la supresión a comienzos de año de parte del denominado escudo social dejó sin efecto algunas de las medidas antidesahucios aplicadas durante la pandemia.











