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Toni Alonso, director de la escuela Montfalgars en Girona, muestra escepticismo ante la iniciativa pública de Salvador Illa y reclama que las decisiones educativas cuenten con la voz de quienes trabajan en las aulas. Para Alonso, el debate sobre la enseñanza no debe quedar en manos solo de expertos externos ni de presiones políticas: exige medidas concretas y rápidas que permitan ejercer la profesión con garantías.
Profesionales en el centro del debate
Alonso recuerda que la educación está sometida a numerosas interferencias políticas y sociales. Señala que, a diferencia de otros sectores como la salud, en la enseñanza hay una tendencia a opinar desde fuera sobre cómo se debe hacer la labor docente.
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Por eso pide que se escuche más a quienes ejercen en los centros: «Hay ámbitos que corresponden estrictamente al criterio profesional», resume al comentar la necesidad de equilibrio entre participación y autonomía técnica.
Pin parental y tensiones sociales
El director expresa preocupación por el avance de la ultraderecha y por la proliferación de planteamientos como el pin parental, que sitúan a la familia en posición de veto frente a contenidos educativos. Cree que ese enfoque complica el trabajo diario y puede convertir la escuela en un espacio ingobernable.
Alonso subraya que existen mecanismos formales para canalizar discrepancias, como el consejo escolar, aunque lamenta que mucha gente los desconoce. Recuerda que si cada familia impone sus prohibiciones sobre actividades o materiales, la intervención educativa se vuelve imposible.
La huelga y el boicot a salidas y colonias
La protesta docente y su continuidad siguen vigentes, según el director. Aunque la huelga del 8 de septiembre tuvo un seguimiento reducido en su centro por tratarse del primer día lectivo, Alonso interpreta ese gesto como una excepción: «El primer día se recibe a niños y familias, pero después volveremos», afirma al describir el ánimo del profesorado.
En varias escuelas ya se han suspendido actividades extraescolares, excursiones y colonias. Para que ese boicot cese, Alonso reclama un acuerdo firmado con los sindicatos: hubo un preacuerdo que los docentes rechazaron en votación, y hasta que la comunidad educativa no lo apruebe, la paralización continuará.
Reclamación de medidas inmediatas
Una queja recurrente es el calendario de implantación de las políticas educativas. Alonso critica que muchas propuestas se plantean a tres años vista cuando el actual Govern solo tiene dos años por delante. El riesgo: promesas que dependen del próximo Ejecutivo.
Por eso pide actuaciones más próximas en el tiempo. Si las partidas y compromisos se diluyen a lo largo de varios cursos, el impacto real sobre los centros resulta insuficiente.
Inclusión vs. educación especial
Sobre el debate en torno al decreto de escuela inclusiva y la revisión de las plazas de educación especial, Alonso no se muestra sorprendido por el cambio de discurso del Govern. Considera que hay consenso entre docentes en no eliminar por completo los centros de educación especial.
Apoya la inclusión pero subraya la necesidad de recursos. Cita como ejemplo los SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva), que, cuando están en funcionamiento, mejoran la atención, aunque todavía no han llegado por igual a todos los centros. Reconoce que hay alumnos que necesitan una atención más asistencial, fuera del ámbito ordinario.
Un deseo para el curso
En lo inmediato, Alonso desea retomar las salidas y las colonias. Aclara que los docentes no están en contra de esas actividades; al contrario, las valoran por su componente educativo.
También destaca que, hasta ahora, las familias de su escuela no han mostrado molestias por las decisiones tomadas por el equipo docente. Para volver a organizar excursiones, insiste en que primero debe alcanzarse un acuerdo con el Departament que garantice más recursos para niños y maestros y permita hacer bien el trabajo.
