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- Un respaldo nacido en la pandemia con limitaciones visibles
- Cómo se determina lo que se paga
- Solapamientos, coordinación y propuesta de reorganización
- Trámites que excluyen: barreras administrativas y colectivos olvidados
- Compatibilidad con el trabajo y medidas activas
- Consolidarlo en la ley y financiarlo como política permanente
Un estudio publicado en marzo de 2026 por el catedrático José Luis Monereo valora el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como «un avance histórico», pero subraya que la prestación necesita cambios profundos: subir las cuantías, mejorar su accesibilidad y acompañarla con formación de empleabilidad para facilitar la inserción laboral de quienes la perciben.
Un respaldo nacido en la pandemia con limitaciones visibles
El IMV se creó durante la crisis sanitaria para atajar la pérdida masiva de ingresos que sufrieron miles de hogares. Monereo reconoce su papel estabilizador y su contribución a homogeneizar la protección social a nivel nacional frente a las diferencias entre las rentas mínimas autonómicas.
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No obstante, el autor advierte que, en su configuración actual como prestación no contributiva, el IMV deja fuera a grupos vulnerables y no alcanza una cobertura que él considera suficiente. Propone avanzar hacia una renta mínima garantizada más ambiciosa, con mayores cuantías y un alcance más amplio.
Cómo se determina lo que se paga
La cuantía mensual del IMV se calcula como la diferencia entre la renta garantizada prevista para cada tipo de hogar y los ingresos declarados por la unidad de convivencia. Ese derecho solo se reconoce cuando el resultado alcanza un umbral mínimo de 10 euros al mes.
Este método permite ajustar la ayuda a la composición familiar, pero también introduce un fuerte condicionamiento. Según Monereo, ese carácter condicionado limita el alcance del IMV frente a modelos de renta básica más universales y reduce su eficacia para integrar socialmente a quienes lo necesitan.
Solapamientos, coordinación y propuesta de reorganización
El estudio reclama una revisión al alza de las cuantías y una reorganización de las prestaciones no contributivas y asistenciales. Monereo insiste en la necesidad de coordinar el cobro del IMV con otras ayudas familiares y con las rentas mínimas autonómicas para evitar duplicidades y vacíos de cobertura.
Esta reordenación incluiría identificar mecanismos que actualmente se solapan y diseñar criterios claros de coordinación entre administraciones.
Trámites que excluyen: barreras administrativas y colectivos olvidados
Una de las críticas más contundentes del informe se dirige a los procedimientos administrativos. Los requisitos y controles, sostiene Monereo, acaban por intimidar y desincentivar a muchas personas con derecho a la prestación.
Aunque reconoce mejoras introducidas por la Seguridad Social desde el inicio del IMV, el catedrático considera que la gestión sigue siendo compleja. El reconocimiento y control corresponde esencialmente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, con la participación de las comunidades autónomas mediante convenios, lo que añade capas de gestión.
El informe también identifica exclusiones relevantes: personas migrantes sin residencia legal, pese a realizar trabajos precarios; jóvenes y mayores de 52 años con dificultades para acceder a subsidios cuando salten del mercado laboral; y otros colectivos que quedan fuera por las reglas de la unidad de convivencia. Monereo advierte sobre el riesgo de que el cálculo por unidad o convivencia oculte que el derecho también tiene dimensión individual y que ciertas reglas podrían desincentivar la constitución de unidades convivenciales.
Compatibilidad con el trabajo y medidas activas
El IMV está diseñado para poder compatibilizarse con determinados ingresos laborales, evitando la pérdida inmediata de la ayuda al conseguir empleo. Esa arquitectura busca prevenir la llamada “trampa de la pobreza”.
Para que la prestación funcione como puente hacia la autonomía, Monereo propone que se complemente con políticas activas de empleo, formación profesional y medidas concretas que faciliten la incorporación al mercado laboral. En este sentido, plantea que quienes cobren el IMV reciban simultáneamente formación sobre empleabilidad que aumente sus oportunidades de encontrar trabajo.
Consolidarlo en la ley y financiarlo como política permanente
El autor concluye reclamando que el IMV quede integrado de forma estable en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), con financiación estatal y sin someter la prestación a cambios coyunturales. Esa consolidación, según el estudio, reforzaría su papel como herramienta estructural contra la pobreza y la exclusión.
En suma, Monereo defiende preservar el IMV como pilar del Estado de bienestar, pero reclama aumentos de las cuantías, mejor coordinación entre ayudas, reducción de barreras administrativas y el diseño de medidas activas —incluida la formación— que permitan a los beneficiarios dejar la dependencia de la prestación y recuperar una vida laboral y social participativa.
