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El Gobierno ha aprobado una inyección extraordinaria de 2.218 millones de euros para el sistema de dependencia, una medida que, según Moncloa, busca aliviar la atención a personas con dependencia y aliviar la carga sobre sus familias. La decisión fue validada en el Consejo de Ministros y fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en un acto organizado por el Imserso.
Qué supone la aportación y su alcance
Con este refuerzo, la contribución estatal al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) se elevará hasta los 7.239 millones de euros en 2027, una cifra que el Ejecutivo presenta como notablemente superior a la registrada en años anteriores.
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La medida pretende reducir las listas de espera y mejorar los servicios dirigidos tanto a las personas dependientes como a sus cuidadores. En el anuncio se vinculó además este paquete con otras ayudas recientes, como una prestación publicada en el BOE destinada a personas con ELA por importe de 14.788 euros.
Cuantías por grado de dependencia
El Gobierno ha modificado las cuantías mínimas que recibirán las comunidades autónomas por cada persona beneficiaria, según el grado de dependencia. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 explica las subidas oficiales:
Grado III (grandes dependientes): sube de 290 a 660 euros mensuales, un incremento del 128%.
Grado II (dependencia severa): pasa de 130 a 260 euros al mes, es decir, una subida del 100%.
Grado I (dependencia moderada): aumenta de 76 a 90 euros al mes, un ajuste del 18%.
Transferencias y gestión autonómica
Según el plan, la Administración General del Estado comenzará a realizar transferencias a las comunidades autónomas desde el 1 de julio, para que sean estas las que gestionen las ayudas y los servicios. Las comunidades, responsables de la ejecución del SAAD, recibirán más recursos para aplicar las mejoras pactadas.
El Ejecutivo estima que las modificaciones permitirán elevar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España; el Imserso sitúa en 1.682.785 las prestaciones activas en la actualidad.
Qué podrán hacer las comunidades autónomas
- Reducir las listas de espera para acceder a prestaciones por dependencia.
- Contratar más personal para cuidados y mejorar las condiciones laborales del sector.
- Ampliar la atención domiciliaria y aumentar la oferta de centros de día.
- Invertir en tecnologías como la teleasistencia y actualizar los centros residenciales para potenciar la autonomía de los usuarios.
Reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad
La inyección presupuestaria acompaña una reforma normativa que está en tramitación en el Congreso. El paquete legislativo pretende actualizar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad e inclusión social.
Entre los cambios previstos figuran nuevos servicios que las comunidades deberán ofrecer: convivencia colaborativa, apoyo en viviendas compartidas y productos de apoyo —como sillas de ruedas eléctricas, andadores o camas articuladas— que se suministrarían en régimen de préstamo o cesión temporal.
También se contempla la extensión del servicio de asistencia personal para acompañar en gestiones cotidianas —por ejemplo, acompañamiento a consultas médicas o a la compra— con el fin de facilitar la vida diaria de las personas con dependencia.
Empleo, reconocimiento y tramitación más rápida
El plan busca además mejorar la calidad del empleo en el sector de los cuidados, ofreciendo contratos más estables y recursos para enfrentar el envejecimiento poblacional.
Una novedad administrativa relevante es el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para las personas con Grado I en el SAAD. Las personas con Grado II y III transitarán por una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Además, se establecerá un protocolo de urgencia para facilitar el acceso prioritario a prestaciones y servicios a quienes presenten especial vulnerabilidad.
