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La crisis migratoria que estalló en Ceuta esta semana ha dejado calles tensas y comercios cerrados. El presidente del Gobierno ha prometido estudiar medidas para compensar a las tiendas y a los trabajadores autónomos que han visto interrumpida su actividad.
La llegada masiva de personas desde Marruecos, que empezó el jueves, provocó el cierre por precaución de numerosos negocios en la ciudad autónoma. Muchos locales detuvieron su actividad ante aglomeraciones y problemas de orden público, lo que ha generado pérdidas económicas y una gran incertidumbre entre los comerciantes.
Impacto directo sobre el comercio local
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Fuentes institucionales trasladaron al presidente Pedro Sánchez la preocupación del Ejecutivo ceutí, encabezado por Juan Jesús Vivas, por la «asfixia económica» que sufren los comercios. Sánchez anunció desde la ciudad que el Gobierno va a analizar qué políticas puede poner en marcha para respaldar a esas tiendas, a los pequeños negocios y a los autónomos afectados.
El anuncio pretende dar respuesta al cierre temporal de actividad que están viviendo muchos establecimientos, aunque por ahora no se han detallado cantidades ni plazos de aplicación de las posibles ayudas.
Una acción coordinada por mafias, según Moncloa
El presidente elevó el tono institucional para describir los hechos: los calificó como «un ataque, una violación de la integridad territorial de España» y los definió como hechos «deplorables», exigiendo la condena y el rechazo públicos.
Sánchez atribuyó el desbordamiento fronterizo, que rompe la tendencia a la baja de los flujos irregulares, a una campaña de desinformación impulsada por las mafias. Según el presidente, estas organizaciones hicieron una «lectura interesada» de una resolución del Tribunal Supremo —que, según la interpretación difundida, dejaba fuera de la posibilidad de devolución a quienes entraran «a nado»— y ese mensaje se difundió rápidamente, empujando a miles de personas a lanzarse al mar.
Refuerzo de la vigilancia y medidas en el mar
Para recuperar el control, el Ejecutivo ha activado varias medidas de seguridad. La empresa pública Sasemar y la Armada instalarán bollas en el espigón, con el objetivo de crear una barrera física y visual en el mar que permita, según el Gobierno, cumplir la orden del Tribunal Supremo y reanudar administrativamente las repatriaciones en frontera.
En tierra, Interior ha desplegado 400 agentes extra de la Policía Nacional y la Guardia Civil —un incremento aproximado del 10% respecto a la dotación habitual— que coordinarán su labor con el Ejército de Tierra para vigilar calles y plazas y evitar nuevos altercados.
Además, la comisión de asilo se reunió con carácter de urgencia para tramitar y agilizar los expedientes de expulsión, un proceso que ya ha permitido la salida de un número significativo de personas que entraron de forma irregular.
Con estas actuaciones, Sánchez quiso transmitir un mensaje de calma a residentes y comerciantes: «El Estado está aquí. Defendemos la seguridad y la convivencia en Ceuta como la defenderíamos en el perímetro de la M30 en Madrid», afirmó durante su comparecencia.
