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Una empleada del juzgado del condado de DeKalb, en Illinois, reconoció haber solicitado y cobrado dos préstamos públicos para una empresa ficticia durante la pandemia. La mujer obtuvo 41.250 dólares en total y ha sido condenada a devolver el dinero y a cumplir medidas penales no privativas de libertad.
Cómo obtuvo los fondos
Según documentos judiciales, Walker presentó solicitudes al Programa de Protección de Nóminas afirmando ser la única propietaria de una empresa de reformas. En la petición declaró que la actividad había registrado ventas brutas de 99.000 dólares en 2020, cifra que equivale a aproximadamente 85.826 euros.
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Las solicitudes fueron aprobadas y la extrabajadora recibió dos préstamos de 20.625 dólares cada uno —unos 17.880 euros por préstamo—, lo que sumó 41.250 dólares (alrededor de 35.760 euros) en menos de un mes.
Los investigadores cotejaron las cifras declaradas con la declaración de la renta personal de 2020 de Walker y no hallaron constancia de ingresos procedentes de esa actividad. Ante el interrogatorio policial, la empleada admitió que la empresa no existía.
Investigación, cargos y pacto judicial
La Oficina del Sheriff del condado abrió una investigación que culminó con la detención de Walker el 4 de septiembre de 2025. Inicialmente fue imputada por seis delitos: dos cargos por apropiación de fondos públicos, dos por falsificación y dos por fraude electrónico.
Tras una primera declaración de inocencia, la acusada alcanzó posteriormente un acuerdo por el que aceptó su responsabilidad en dos delitos relacionados con la apropiación de fondos públicos.
Sentencia y obligaciones económicas
El tribunal la condenó a cumplir 48 meses de libertad condicional y a realizar 100 horas de trabajo comunitario. Además, deberá abonar 41.381 dólares en concepto de restitución —unos 35.874 euros—, una cifra que supera en 131 dólares (aprox. 114 euros) el total recibido en préstamos.
Walker había trabajado más de dos décadas como secretaria adjunta del tribunal. Tras su detención, el condado procedió a poner fin a su relación laboral un mes después, para evitar posibles conflictos de interés mientras se desarrollaba el proceso penal.
