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En plena ola de calor, Catalunya ha registrado la primera víctima laboral por temperaturas extremas: un temporero de 64 años sufrió un paro cardiaco mientras recogía fruta al mediodía con más de 40 ºC en el termómetro. El suceso reabre el debate sobre la protección de quienes trabajan al aire libre y sobre la falta de un protocolo común para suspender la actividad cuando el calor alcanza niveles peligrosos.
Un protocolo que no avanza
Patronales y sindicatos llevan un año negociando un protocolo destinado a dar una respuesta rápida y clara ante las olas de calor. La propuesta busca fijar la obligatoriedad de detener la actividad a partir de una temperatura concreta, reforzando así las normas de prevención.
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Fuentes de ambas partes consultadas coinciden en que las conversaciones están estancadas. El motivo principal, explican, es la reticencia a crear un precedente que obligue a otros sectores que también desempeñan tareas al aire libre.
Medidas dispares en las fincas
La adaptación de las explotaciones agrícolas a las altas temperaturas ha sido desigual y depende en gran medida de la voluntad del propietario. Algunas fincas han cambiado los horarios y compactado la jornada para evitar las horas centrales.
Pere Roqué, presidente de la patronal Asaja Catalunya, detalla que en su explotación se ha implantado un horario intensivo: entrada a las 6:00 y salida sobre las 14:00; cuando el calor aprieta, la jornada puede terminar ya a la 13:00. Además, barajan empezar la recogida a las 5:00 o 5:30 y usar frontales de luz para trabajar antes del amanecer.
Los sindicatos informan, sin embargo, de que algunas empresas rechazan adelantar turnos a franjas sin luz natural porque el uso de frontales incrementa los costes de la recolección. Aun así, reconocen una mayor disposición este año a mover horarios para evitar picos térmicos. Como resume la responsable del sector agroalimentario de UGT en Catalunya, la presión por evitar incidentes es real: «Nadie quiere salir en las noticias».
Excesos de jornada y cadena de subcontratación
Los sindicatos también alertan del problema de las horas extra y de la dificultad para fiscalizarlas. Ventura Campo, responsable de CCOO en Lleida, apunta dos factores críticos: la complejidad de la cadena de subcontratación y la tendencia de muchos temporeros a acumular horas para aumentar sus ingresos, aun cuando ello perjudique su salud. «Se aprovechan de que la gente tiene necesidad», añade Campo.
En la campaña de fruta del verano de 2025, la recogida movilizó entre 30.000 y 45.000 trabajadores temporeros en la provincia de Lleida, una cifra que subraya la magnitud del reto en materia de prevención laboral.
Inspecciones, cartas y vigilancia aérea
Para recordar las obligaciones empresariales en materia de prevención, el Departament de Treball ha enviado este verano 11.436 cartas a compañías agrícolas. En una de ellas se subraya que la exposición a ambientes calurosos incrementa el estrés térmico y puede tener efectos adversos para la salud, incluso la muerte, y recuerda la obligación empresarial de garantizar la seguridad de la plantilla.
Como novedad, la Conselleria de Empresa ha puesto en marcha un programa piloto para dotar a los inspectores de Trabajo de drones que permitan vigilar desde el aire fincas agrarias y detectar posibles abusos laborales. La iniciativa ha provocado el rechazo de parte del sector: representantes agrarios la califican de desproporcionada y critican el elevado número de inspecciones, que a su juicio trata a las explotaciones «como si fueran delincuentes». También comparan la vigilancia con otras actividades con trabajadores expuestos al calor, como la hostelería en primera línea de playa.
Qué está en juego
El choque entre la necesidad de proteger la salud de los trabajadores y las resistencias para fijar medidas obligatorias deja en evidencia una grieta en la prevención laboral frente al cambio climático. Con las olas de calor siendo más frecuentes y duraderas, sindicatos y administraciones reclaman respuestas más claras. La falta de acuerdo en el sector agrario, sin embargo, dificulta que esas respuestas se traduzcan en normas aplicables y uniformes.
