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La mayoría de los trabajadores asalariados en España cuentan con algún complemento que suaviza la pérdida de ingresos durante una baja laboral, pero esa protección está en el centro de un pulso entre patronal y política. El liderazgo del PP, representado por Alberto Núñez Feijóo, ha planteado revisar esas compensaciones, una iniciativa que podría romper el amplio acuerdo pactado hasta ahora entre empresas y sindicatos.
Cómo funciona la cobertura hoy
La normativa laboral marca una secuencia de pagos durante la incapacidad temporal: los primeros tres días de baja por enfermedad común quedan sin salario; del día 3 al 15 se percibe una prestación de aproximadamente el 60% del sueldo, abonada por la empresa; a partir del día 15 la cuantía sube al 75% y el coste lo asumen las mutuas; y, pasado un año, la responsabilidad recae en la Seguridad Social.
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Sin embargo, es habitual que acuerdos entre empresas y representaciones laborales mitiguen ese recorte. En muchos convenios se establecen complementos que garantizan parcial o totalmente la retribución desde los primeros días de ausencia.
El alcance de los complementos en los convenios
Según datos del Ministerio de Trabajo sobre convenios colectivos, en 2025 el 86,7% de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva estaba sujeto a cláusulas que incorporan complementos retributivos sobre prestaciones sociales. En concreto, un 85,5% de los empleados dispone de complementos para bajas por enfermedad común y un 83,5% para accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
No obstante, esas mejoras suelen incrementarse con la duración de la baja y suelen dejar desprotegidos los primeros tres días, en línea con la lógica de desincentivar ausencias cortas. En Catalunya, por ejemplo, UGT recoge que apenas 3 de cada 10 convenios sectoriales complementan esos primeros días.
Sector público, empresas grandes y condiciones particulares
La cobertura más amplia se observa en el sector público: tanto la Administración General del Estado como muchas administraciones autonómicas y locales abonan prácticamente el 100% del salario desde el primer día de baja.
En el sector privado, los complementos no siempre son incondicionales. Grandes empresas suelen ligar el abono total o parcial a criterios de absentismo o a la naturaleza de la dolencia. El convenio de Mercadona, por ejemplo, contempla la suspensión del complemento si la baja excede lo habitual para la patología o si el trabajador supera el 2% de absentismo sobre su jornada anual. Otras compañías del sector alimentario y de servicios con contratos públicos han pactado cláusulas similares.
Bonificaciones por puntualidad y límites legales
Muchos convenios incentivan la asistencia regular ofreciendo pluses salariales o días adicionales de descanso a quien no falta. No obstante, la jurisprudencia ha tumbado cláusulas que penalizan de forma absoluta a trabajadores por haber faltado, especialmente cuando les excluyen del cobro de ciertos complementos de manera discriminatoria.
Presión patronal y giro político
En los últimos meses las organizaciones empresariales han endurecido el discurso. La CEOE ha señalado que el incremento de las bajas —que, según sus cálculos, ha crecido un 75% en la última década— es un problema económico relevante y ha pedido abrir un «debate abierto y real» sobre la materia.
El presidente del PP se ha alineado con esa reclamación y ha anunciado su intención de actuar sobre los complementos que hoy protegen el poder adquisitivo de los trabajadores durante la incapacidad temporal, argumentando que recibir la misma retribución estando de baja que en activo puede incentivar las ausencias. No ha detallado, en cambio, hasta qué punto su propuesta afectaría a la Función Pública ni si incluiría medidas concretas para las administraciones.
Qué está en juego para los trabajadores
Si prosperaran iniciativas para limitar o suprimir los complementos, una proporción elevada de asalariados vería reducirse su capacidad económica en periodos de enfermedad. Dado que la práctica mayoritaria en negociaciones colectivas ha sido compensar al menos parcialmente esas pérdidas, cualquier cambio normativo o de práctica empresarial tendría un impacto directo en la nómina de millones de trabajadores.
La discusión plantea, por tanto, un dilema entre el objetivo de contener el absentismo y la protección del salario frente a contingencias de salud. El desenlace dependerá tanto del diálogo social como de las decisiones políticas que se tomen en los próximos meses.
