Mostrar resumen Ocultar resumen
El Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras evitó este martes llegar a un juicio al cerrar un acuerdo con una extrabajadora despedida, después de que esta colaborara con la denuncia presentada ante la Oficina Antifrau de Catalunya. El pacto, ratificado ante la jueza, prevé una compensación y una cláusula que impide divulgar sus términos.
Acuerdo a pie de sala
Programa plurilingüe educa para la ciudadanía global
Cómo funcionan las bajas por maternidad y paternidad para autónomos en 2026
La vista estaba fijada en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, pero la negociación se cerró en la puerta de la sala. El abogado de la empleada y la letrada del Institut alcanzaron un pacto que fue posteriormente homologado ante la jueza y quedó levantada acta, evitando así una sentencia sobre el fondo del asunto.
Qué incluye el pacto
Fuentes consultadas por este diario indican que el arreglo contempla una compensación económica. También incorpora una cláusula de confidencialidad que impide conocer el importe y las condiciones concretas acordadas.
Los proyectos que dirigía la exempleada han sido transferidos a otro investigador y ella pasará a desempeñar un papel como colaboradora. El Institut había abierto además un expediente disciplinario tras la denuncia interna que la trabajadora formuló sobre presuntas irregularidades.
Consecuencias procesales
Al no haberse emitido sentencia, el juzgado no determinará si el despido fue procedente, improcedente, nulo o si constituyó una represalia vinculada a la denuncia presentada ante la OAC. La abogada del Institut dijo que el acuerdo «satisface a las dos partes» y el letrado de la extrabajadora lo calificó como «satisfactorio».
El informe de Antifrau
En febrero, la Oficina Antifrau de Catalunya publicó un informe que avaló que la denuncia presentada por la exgerente y la coordinadora económica —ambas consideradas alertadoras protegidas y también despedidas— mencionaba de forma expresa cuestiones relacionadas con el área gestionada por la ahora extrabajadora.
El dictamen señala que en esa unidad «podría haber habido una desviación» de recursos hacia otros proyectos de la entidad. Entre la documentación aportada a la OAC figuran correos electrónicos en los que aparece la trabajadora y una grabación. El informe recuerda además que la ley prohíbe las represalias contra las personas que alertan de irregularidades.
Contexto del caso y responsabilidades
Este procedimiento es el primero de varios juicios derivados del despido de seis exempleadas vinculado a la denuncia remitida a Antifrau. El resto de vistas está previsto que se celebren en 2027.
En el centro de la investigación figura el oncólogo e investigador Manel Esteller, que abandonó el Institut a finales de 2025 tras la denuncia y después de que una auditoría de KPMG confirmara supuestas desviaciones de fondos. Posteriormente, Esteller se incorporó al Institut de Recerca Sant Pau.
Presuntas irregularidades detectadas
La denuncia y los informes detallan diversas prácticas que habrían afectado la gestión de recursos del centro. Entre las alegaciones aparecen alertas sobre transferencias y desviaciones significativas de fondos.
- Desvíos «estructurales» de plataformas tecnológicas hacia el grupo vinculado al doctor Esteller.
- Advertencias sobre la posible desviación injustificada de 400.000 euros a un proyecto concreto.
- Prevención ante un desvío «indebido» de 781.000 euros del programa Severo Ochoa, que financia con alrededor de un millón de euros anuales a centros de excelencia.
- Riesgo de desviar un millón de euros a un proyecto con Sant Joan de Déu, entre otras supuestas anomalías.
El caso mantiene abiertas dudas sobre la gestión interna del Institut y deja en manos de próximas vistas y de las actuaciones administrativas y judiciales aclarar el alcance y las responsabilidades de las irregularidades denunciadas.
