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El Congreso ha aprobado una reforma que modifica las leyes de dependencia y discapacidad, blinda parte de la financiación y simplifica trámites para las personas afectadas. La iniciativa, respaldada por la mayoría de los grupos —con la abstención del PP y el voto en contra de Vox—, prevé que el Estado asuma el 50% del coste y que las comunidades reciban 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.
Qué cambia en las normas
El texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 elimina la incompatibilidad entre distintas prestaciones y permite el reconocimiento automático de la discapacidad cuando exista un grado de dependencia reconocido. Además introduce la figura del asistente personal, con el objetivo de ampliar opciones de apoyo en el domicilio frente al modelo centrado en macro residencias.
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Los cambios buscan, según el Ministerio, dejar atrás una visión asistencialista y facilitar el acceso a prestaciones sin trámites adicionales. También se incorpora el compromiso legal de que el Estado aporte la mitad de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Financiación y calendario
El Pleno convalidó un real decreto que incrementa la financiación destinada a la dependencia. Según el acuerdo, las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027.
Ese real decreto se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que acelera su tramitación parlamentaria y abre la vía a que llegue con rapidez al Senado para su análisis y posibles enmiendas.
Reacciones políticas
Pablo Bustinduy, ministro responsable y miembro de Sumar, calificó la reforma como “la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo”. Aseguró que la iniciativa no es «un parche sino una refundación» y defendió que no hay motivos para rechazarla: «no hay excusa ni disimulo».
El ministro destacó también la intención de proteger la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad y de reconocer como cuidadores a personas cercanas que no sean familiares directos, permitiéndoles acceder a prestaciones por cuidados.
Desde el PP, el diputado Enrique Belda cuestionó plazos y ejecución. Señaló que el problema no sería «el qué», sino «el dónde, el cómo y, sobre todo, el hasta cuándo» y criticó la falta de concreción sobre la sostenibilidad del sistema.
Como incluye un acuerdo transaccional, el Gobierno dispone de un plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de la ley para elaborar un estudio que analice vías alternativas de financiación del sistema de dependencia. Según fuentes del PP citadas por Europa Press, el partido intentará introducir enmiendas en el Senado para reforzar garantías sobre la sostenibilidad financiera porque, afirmaron, «vamos a decir sí a las personas con dependencia».
El siguiente paso formal será la tramitación acelerada en las Cámaras, donde los grupos podrán proponer cambios. La reforma, tal como está ahora, pretende reducir trámites y reforzar el papel público en la financiación del sistema de atención a la dependencia.
