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Dos jóvenes ganaderos de Canarias han perdido una subvención de 47.500 euros después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmara que su explotación presentaba graves incumplimientos administrativos y de bienestar animal. La resolución, fechada el 8 de octubre de 2025 y accesible en la página del Poder Judicial, confirma la denegación de la ayuda pendiente y el reintegro de los fondos.
Formación aportada, pero no válida
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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca había concedido la ayuda para apoyar la puesta en marcha de su empresa ganadera y abonó una primera anualidad de 18.000 euros. Sin embargo, al tramitar la justificación de la tercera anualidad los técnicos detectaron deficiencias.
Los beneficiarios presentaron un certificado de 510 horas en «actividades auxiliares en ganadería» para acreditar la formación requerida. El tribunal, no obstante, consideró que ese título no acredita la formación mínima por áreas temáticas exigida en las bases reguladoras ni en la propia resolución de concesión.
El fallo incluye un párrafo clave sobre esta cuestión: «No queda acreditada con el título aportado de actividades auxiliares en ganadería (510 horas) y su desglose por módulos, la formación mínima por áreas temáticas exigida, tanto en las bases reguladoras, como en la propia resolución de concesión […] quedando acreditada únicamente el área de empresa agrícola y gestión empresarial».
En la práctica, del mínimo exigido de 25 horas en la materia de **cambio climático** sólo figuraban 2 horas cursadas; en «métodos compatibles con el medio ambiente» constaban apenas 4 horas. Tampoco constaba la inscripción de la explotación en el **Registro de Explotaciones Agrarias Prioritarias de Canarias**.
Inspección: condiciones precarias en la granja
La visita de inspección de octubre de 2019 describió problemas relevantes de higiene y seguridad. El acta recoge que el corral de vacas en ordeño contaba con un «techado insuficiente para el número de animales albergados».
Los técnicos también constataron la presencia de maquinaria abandonada: dentro del cobertizo había un tractor y un carro unifeed con las ruedas deshinchadas y acumulación de estiércol en uno de los laterales.
En el corral de recría se observó un «vallado perimetral con uso de chapas metálicas con bordes cortantes» y, en las cercanías, «restos óseos de bovinos y caprinos y un camión en estado de abandono». Además, los inspectores detectaron la presencia de **38 terneros sin identificación alguna**.
Documentación fuera de la explotación y rechazo judicial a las excusas
Otro punto decisivo para la Consejería fue la ausencia de registros obligatorios in situ. El acta recoge la explicación de los ganaderos: «En la explotación no hay evidencias de los registros obligatorios, manifestando el inspeccionado que los tiene en su domicilio».
Los titulares recurrieron la resolución administrativa alegando, entre otras cosas, el principio de proporcionalidad. La Sala, sin embargo, rechazó el recurso. En la sentencia se señala que «hay dudas razonables que impiden apreciar que estemos en presencia de un cumplimiento que se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por la entidad una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos».
Con ese argumento, el tribunal avaló la decisión de la Consejería de denegar la anualidad pendiente y reclamar la devolución de las ayudas, subrayando la obligación de justificar el uso adecuado de fondos públicos.
