Mostrar resumen Ocultar resumen
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó que una empresa ganadera creó condiciones ficticias para acceder a ayudas de la PAC y deberá devolver casi 67.000 euros, además de afrontar una sanción económica. El fallo, fechado el 11 de junio de 2026, subraya el endurecimiento de los controles sobre subvenciones agrarias.
Lo que alegó la empresa y lo que comprobó la administración
La compañía solicitó pagos por haber gestionado 103,69 hectáreas de pastos, pero los técnicos del Gobierno regional acreditaron que solo contaba con 10,98 hectáreas reconocidas para su actividad ganadera. Tras las inspecciones, la administración detectó que muchas parcelas no estaban realmente a disposición de la solicitante ni se usaban para pastoreo.
Multan a una ganadera con 50.167 € y le reclaman 66.992 € de la PAC por contratos falsos
¿Qué cursos te acercan a una carrera en belleza y dermofarmacia?
La sentencia, recogida en el registro judicial y dictada el 11 de junio de 2026, da por probado que los documentos aportados no acreditaban la disponibilidad efectiva de las tierras. Frente a las alegaciones de la empresa, los jueces respaldaron la resolución autonómica.
Uso abusivo de subarriendos y «condiciones artificiales»
Para justificar su derecho sobre las parcelas, la ganadera presentó cesiones y contratos de subarriendo. El tribunal consideró que esa práctica era un vehículo para falsear la realidad: «se ha hecho un uso abusivo y artificial de la figura del subarriendo y de la cesión de parcelas y que indefectiblemente ha de terminar necesariamente invalidando la condición de justo título».
Los magistrados añadieron que existió una “flagrante creación de condiciones artificiales” con el único fin de proyectar una apariencia favorable ante los requisitos exigidos para cobrar las ayudas.
Además, la Sala señala que los intermediarios a los que se dirigían esos contratos no actuaban con ánimo de aprovechamiento agrícola. Según el fallo, su actuación perseguía “obtener un beneficio por su labor de intermediarios” y acababa perjudicando al sistema de ayudas y distorsionando el mercado de la tierra.
Contratos antedatados y la declaración de un arrendador
La empresa presentó documentos con fechas posteriores a la actividad que intentaba justificar e incluso contratos sin la firma de las personas implicadas. El Tribunal puso como ejemplo una declaración antedatada al 25-02-2020, presentada tres años después, y la consideró poco creíble para acreditar labores de pastoreo.
Un elemento decisivo fue el testimonio de uno de los supuestos arrendadores. El testigo afirmó que nunca recibió el pago y que, por esa razón, dejó de arrendar la tierra tras dos años. Los jueces calificaron ese hecho como “muy relevante” para desestimar las alegaciones de la empresa.
Devolución de las ayudas y multa
Por todo ello, el TSJ de Aragón confirmó la obligación de reintegrar las ayudas indebidamente percibidas: 46.331,80 euros correspondientes al Pago Básico y 20.661,14 euros del Pago Verde, suma que asciende a 66.992,94 euros en total.
Además de la devolución, la sentencia impone una sanción multianual por un importe de 50.167,08 euros y condena a la empresa a pagar 1.500 euros en costas judiciales. Los magistrados justificaron la cuantía de la multa con un principio básico: la sanción debe ser disuasoria para que el riesgo de ser sancionado no compense el beneficio que pueda obtenerse.
Qué deja el fallo
El caso ejemplifica cómo las comprobaciones administrativas y la verificación documental pueden desmontar intentos de percibir subvenciones sin derecho. Para el sector, es una llamada de atención sobre la necesidad de mantener registros y contratos claros y efectivos.
