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- Qué revela la última evaluación de la AIReF
- Solapamientos y edad: un problema que crece con los años
- Riesgo de desincentivo al empleo
- Una proporción elevada de potenciales beneficiarios no solicita la ayuda
- Propuestas para rediseñar la prestación
- Respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) reclama cambios en el diseño del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y pide mayor coordinación con otras prestaciones. Su informe subraya riesgos de solapamiento, barreras de acceso y posibles efectos que desalientan la vuelta al trabajo.
Qué revela la última evaluación de la AIReF
La institución analiza resultados de 2024 y constata que más de la mitad de los hogares perceptores del IMV comparte esta ayuda con otras prestaciones: el 51% cobró al menos una ayuda adicional y el 16% combinó el IMV con dos o más prestaciones.
AIReF: el IMV puede desincentivar el empleo y en algunos hogares cobrarlo compensa más que trabajar
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El informe —la quinta opinión sobre la política— señala que el subsidio por desempleo es la prestación que con mayor frecuencia se solapa con el IMV. Concretamente, el 16,6% de quienes reciben el IMV percibe también el subsidio durante los primeros doce meses, y el 17% de los episodios de subsidio termina en una petición del IMV. Entre quienes solicitan el IMV tras cobrar el subsidio, el 47% lo hace una vez que aquel ha concluido.
Solapamientos y edad: un problema que crece con los años
La coexistencia entre prestaciones se acentúa a partir de los 52 años, cuando el subsidio puede volverse indefinido. En la práctica, ambos mecanismos funcionan como prestaciones de último recurso hasta la jubilación, lo que, según la AIReF, exige revisar su compatibilidad y el cobro simultáneo.
La autoridad advierte además que, frente a otros países europeos, España ofrece una prestación relativamente elevada pero con resultados por debajo de la media en cobertura y reducción de la pobreza. Identifica también un cómputo de rentas desactualizado, una definición amplia de unidad de convivencia y una condicionalidad laboral menos estricta que en otros sistemas.
Riesgo de desincentivo al empleo
Un punto central del informe es el posible efecto desincentivador del IMV. A medida que la cuantía percibida por los hogares aumenta, también lo hace el coste de oportunidad de dejar la prestación para aceptar un empleo.
La ratio entre la renta garantizada y el SMI potencial ha crecido desde 2020, con especial incidencia en hogares monoparentales. En 2025 la renta garantizada equivalía al 72% del SMI potencial en hogares de un adulto y un menor; al 87% con dos menores; al 101% con tres; y al 115% en hogares con cuatro o más dependientes. Pese a estas cifras, solo el 1,6% de los perceptores ve su renta garantizada superar el SMI potencial.
La AIReF también relaciona una mayor intensidad protectora del IMV con una mayor permanencia en la prestación. El 46% de los hogares sigue cobrando el IMV tras 60 meses; esa permanencia sube al 57% entre quienes dependen más de la ayuda, frente al 34% de los perceptores con menor dependencia.
Por último, recuerda que el esquema previo de incentivo al empleo tuvo, según sus análisis, un impacto nulo sobre la incorporación laboral y que la normativa actual no obliga a aceptar ofertas adecuadas ni contempla sanciones por rechazarlas.
Una proporción elevada de potenciales beneficiarios no solicita la ayuda
Los datos apuntan a un importante problema de acceso: el 52% de los hogares con derecho al IMV no lo solicita. El complemento de ayuda para la infancia (CAPI) muestra una tasa de no petición aún mayor: el 71% de sus potenciales beneficiarios no reclama la ayuda.
La ausencia de demanda es especialmente marcada en hogares sin niños y alcanza tasas superiores al 60% en comunidades como Baleares y Cataluña. La AIReF interpreta estos datos como indicio de barreras persistentes en comprensión y tramitación.
Propuestas para rediseñar la prestación
Entre las recomendaciones principales figuran simplificar la definición de renta y de unidad de convivencia para alinearlas con los registros administrativos y avanzar hacia fórmulas de concesión automática. La medida busca reducir el elevado número de personas que, teniendo derecho, no solicitan la prestación.
La AIReF aboga también por una reformulación integral del incentivo al empleo para facilitar la transición al mercado laboral y por actualizar el periodo de cómputo de las rentas utilizando información más reciente, con el fin de evitar continuas regularizaciones y solicitudes de devolución.
Además propone reforzar la coherencia entre el IMV y otras prestaciones —especialmente el subsidio para mayores de 52 años— y revisar aspectos del diseño tomando como referencia la experiencia europea, con el objetivo de lograr un sistema más consistente.
La institución concluye el ciclo anual de evaluaciones tras más de cinco años de seguimiento y advierte que no emitirá nuevas opiniones hasta que se concreten reformas estructurales, se implementen algunas propuestas o surjan circunstancias extraordinarias.
Respuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Fuentes del ministerio subrayan avances en cobertura e intensidad protectora. Según datos oficiales, en 2025 el IMV protegió a un 16% más de hogares y redujo el tiempo mediano de tramitación a 99 días, es decir, 104 días menos que en 2024, pese al incremento de solicitudes.
El Gobierno también destaca el efecto de la prestación en la reducción de la desigualdad: los hogares que entran en el sistema registran una caída cercana a los 40 puntos porcentuales en su tasa de pobreza, según el Ministerio.
En cuanto a las recomendaciones de la AIReF, el Ejecutivo asegura haber tomado medidas para mitigar el desincentivo laboral, entre ellas la reforma del esquema de incentivo al empleo prevista para 2026 y la inclusión de perceptores en políticas activas de empleo. Para mejorar el acceso, avanzan en una pasarela automática desde el subsidio por desempleo, han reforzado la asistencia con campañas y han incorporado lenguaje fácil en la información oficial, además de habilitar el teléfono 020.
Por último, la Seguridad Social defiende que, por su condición de prestación de último recurso, es “razonable” que el IMV conviva con otras rentas autonómicas o con pensiones no contributivas.
