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El Congreso convalidó este jueves, 23 de julio, un nuevo decreto destinado a mitigar el impacto económico de la crisis en Irán y la presión sobre los precios de la energía. La norma ha salido adelante pese a la abstención del PP y de Podemos y al voto en contra de Vox.
Apoyo fiscal y calendario de medidas
El paquete aprobado contempla ayudas fiscales por un valor de 1.825 millones de euros en 2026 y prorroga apoyos dirigidos a hogares, empresas, transportistas y agricultores. Se trata de un segundo conjunto de medidas tras el decreto anticrisis de marzo, cuya vigencia parcial caducó en julio.
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El Ejecutivo ya había impulsado una primera batería de medidas en marzo y amplió el paquete el 29 de junio. Con la convalidación del Congreso, esas nuevas medidas permanecerán vigentes mientras persistan las tensiones que afectan a los precios energéticos.
Medidas concretas sobre carburantes y energía
Entre las intervenciones fiscales figura la reducción temporal del impuesto especial sobre hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. No obstante, el decreto suprime la reducción del IVA de los carburantes al 10% que formaba parte del primer paquete, una decisión alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea.
El texto incorpora, eso sí, una cláusula automática que permite reactivar ayudas de hasta 20 céntimos por litro si el conflicto se intensifica y los precios se disparan. Además, el Gobierno revisará mensualmente la evolución de los precios frente al IPC del año anterior; si se detectan aumentos superiores al 15%, podrán recuperarse las reducciones fiscales para gasolina, gasóleo, gas y electricidad.
Los descuentos de 20 céntimos por litro para profesionales del transporte y para el sector primario se mantienen. En el caso de la agricultura, se suman 165 millones de euros adicionales para la adquisición de fertilizantes, junto a los 500 millones ya disponibles.
Para garantizar la correcta aplicación de las bonificaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará los márgenes brutos de las estaciones de servicio.
Desaparición progresiva del impuesto a la producción eléctrica
El decreto incluye también la eliminación progresiva del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, una demanda planteada por algunos grupos parlamentarios. El gravamen, que se situó en el 7% en 2026, se reducirá hasta aproximadamente el 5% en los dos últimos trimestres del año, bajará al 3,5% en 2027 y quedará suprimido en 2028.
El Gobierno estima que esta rebaja favorecerá un aumento de la producción industrial de unos 2.600 millones de euros anuales y la creación de alrededor de 3.700 empleos. El coste en términos de menor recaudación entre 2027 y 2028 se cifra en aproximadamente 2.700 millones de euros.
La norma también establece condiciones para las empresas que reciban ayudas: prohibición de despidos vinculados al conflicto y la obligación de disponer de un Plan de Movilidad Sostenible para su plantilla.
