Ocho razones por las que los autónomos ganan con la facturación electrónica

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• Qué contempla la nueva obligación y cuándo entra en vigor
• Ocho beneficios concretos para los autónomos
  • 1. Menos morosidad: cobrar antes
  • 2. Más liquidez disponible
  • 3. Mayor control y trazabilidad de las facturas
  • 4. Menos tiempo dedicado a facturar
  • 5. Menos errores y menos sanciones
  • 6. Cumplir con las obligaciones de forma más sencilla
  • 7. Deducir gastos con mayor seguridad
  • 8. Mejora de los programas de facturación

La factura electrónica dejará de ser una opción y se convertirá en obligación para los autónomos a partir de 2028, según la ley de creación y crecimiento de empresas. Además de combatir la morosidad, la norma introduce cambios que afectan a cómo se emiten, registran y controlan las facturas entre empresas y profesionales.

Qué contempla la nueva obligación y cuándo entra en vigor

La llamada ley «crea y crece», aprobada en otoño de 2022, estableció plazos para la implantación obligatoria de la factura electrónica en el sector privado, siempre a partir de la aprobación del reglamento específico. Ese reglamento se aprobó en marzo de 2026, aunque la norma todavía remite a una orden ministerial de Hacienda que debe fijar el arranque efectivo de los plazos.

La ley distingue dos periodos: un año para las empresas con una facturación anual superior a 8 millones de euros y dos años para las que facturen por debajo de ese umbral. Aplicado ese calendario, la factura electrónica será obligatoria para los autónomos en 2028.

Paralelamente, el reglamento Verifactu, vigente desde 2025, exige requisitos técnicos a los programas de facturación. La aplicación completa de Verifactu a los autónomos queda aplazada hasta el 1 de julio de 2027.

Ocho beneficios concretos para los autónomos

1. Menos morosidad: cobrar antes

Una de las razones esgrimidas por la ley es la lucha contra la morosidad. El marco legal fija un plazo máximo de pago de 60 días desde la entrega del bien o la prestación del servicio, pero la práctica ha sido distinta. Un informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad señaló que el plazo medio en el sector privado fue de 70 días en 2023, tres días más que en 2022.

La factura electrónica facilitará el control porque la Administración creará una solución pública que registrará las fechas de emisión y pago. Además, los clientes tendrán la obligación de notificar el estado y la fecha de pago a sus proveedores, información que quedará registrada en la factura electrónica.

El Gobierno también pondrá en marcha el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada para publicar datos y promover mejores prácticas. A las empresas que incumplan los plazos legales les aguardan sanciones que afectan, entre otras cosas, al acceso a ayudas públicas y a la ejecución de contratos públicos.

• No podrán acceder a subvenciones públicas si superan los 30.000 €.
• Si retrasan pagos en contratos públicos, se enfrentarán a multas entre el 5 % y el 50 % del precio del contrato.

2. Más liquidez disponible

Reducir los retrasos de cobro tiene un impacto directo en la tesorería. Según datos de Crédito y Caución, en 2024 el 41 % de los autónomos en España sufrió impagos, frente al 34 % en 2023.

Menos impagos significa mayor capacidad para afrontar pagos a proveedores, impuestos y cotizaciones, y reduce la necesidad de financiación costosa a corto plazo. También permite reservar una «nómina» mensual, cubrir imprevistos y destinar recursos a invertir en el negocio.

3. Mayor control y trazabilidad de las facturas

La factura electrónica mejora la trazabilidad: desde la emisión hasta el cobro, el proceso quedará registrado. El cliente deberá comunicar si acepta o rechaza una factura y cuándo la paga.

Estos mecanismos se aplicarán con moratorias diferentes según el tamaño: para empresas y autónomos que facturan menos de 6.010.121,04 € al año habrá periodos transitorios —36 meses para empresas y 48 meses para autónomos desde la aprobación del reglamento—. Las empresas por encima de ese umbral deberán informar desde el primer día.

4. Menos tiempo dedicado a facturar

Digitalizar la facturación reduce tareas manuales. Un programa de facturación electrónica automatiza la entrada de datos, los cálculos de impuestos y la repetición de información de clientes, liberando tiempo para labores con más valor añadido.

Según estimaciones citadas por algunos proveedores, el software puede automatizar una parte sustancial de las tareas contables rutinarias, lo que reduce la carga administrativa del autónomo.

5. Menos errores y menos sanciones

Los requisitos técnicos que impondrá la normativa obligarán a los desarrolladores de software a validar datos y cálculos. Eso reduce errores como un IVA mal aplicado o la omisión de datos obligatorios, situaciones que pueden traducirse en sanciones por parte de Hacienda.

6. Cumplir con las obligaciones de forma más sencilla

La factura electrónica integrará funciones para facilitar el cumplimiento: emitir facturas con los requisitos legales, remitirlas en los plazos establecidos, conservarlas y mantener registros de ingresos y gastos.

También ayudará a gestionar rectificativas y a preparar las declaraciones periódicas, como el IVA y otras obligaciones fiscales trimestrales y anuales.

7. Deducir gastos con mayor seguridad

Para que un gasto sea deducible hace falta justificarlo con una factura. Con la obligatoriedad de la factura electrónica, Hacienda dispondrá de una visión amplia del flujo de facturación entre autónomos y empresas, porque las copias de las facturas se remitirán al sistema público.

El resultado es que localizar y verificar un gasto será más ágil, y las comprobaciones sobre deducciones podrán simplificarse.

8. Mejora de los programas de facturación

La combinación de requisitos técnicos y la existencia de una solución pública gratuita obligará a los proveedores privados a elevar su oferta. Se espera mayor competencia en calidad, funcionalidades y seguridad.

Algunos programas ya integran herramientas fiscales, simuladores y asistentes financieros que ayudan a planificar la liquidez y optimizar impuestos; la nueva regulación empujará a ampliar y mejorar esos servicios.