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Con el inicio del curso, alrededor de 4,8 millones de niños y adolescentes entre 6 y 16 años retoman las aulas en España; la gran mayoría lo hace en centros homologados, pero algo más de 4.000 optan por formarse en casa. Ese pequeño colectivo reclama reconocimiento y una regulación que hoy no existe.
Alcance y reivindicación
Las cifras disponibles sugieren estabilidad desde 2008, aunque la ausencia de un registro oficial impide saber con exactitud su evolución. Las familias que practican la enseñanza domiciliaria denuncian la situación de «ilegalidad» en la que, según ellas, se encuentran sus hijos y buscan que el sistema educativo español les ofrezca una vía regulada.
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Coordinados por la Asociación por la Libre Educación (ALE), varios colectivos autonómicos están conformando una plataforma para solicitar al Ministerio de Educación que reconozca y regule esta modalidad. Como subraya Nelly Vicario, portavoz de ALE: “No debe ser tan peligrosa cuando es completamente legal en países próximos al nuestro. ¿Por qué en España no?”
Cómo se gestiona fuera de España
El tratamiento del homeschooling varía en Europa. Está regulado en países como Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca. En sentido contrario, Alemania y Suecia lo prohíben de forma estricta, con sanciones que pueden llegar hasta la retirada de la custodia. Fuera de Europa, en Estados Unidos se estima que alrededor del 3% del alumnado recibe educación en casa.
Choque legal y responsabilidad del Estado
La discusión en España enfrenta dos referencias normativas: por un lado, la LOMLOE exige escolarización en centros; por otro, la Constitución protege el derecho a la educación sin especificar el lugar donde ésta debe desarrollarse. Esa tensión exige una respuesta que combine legalidad y garantías pedagógicas.
José Antonio Marina resume el dilema poniendo en primer plano el interés de los menores: “En el debate de si el derecho de educar corresponde a los padres o al Estado, el derecho de los menores a ser bien educados está por encima. El Estado debe vigilar que ese derecho se respeta y organizar un sistema educativo que permita atenderlo”. Y añade: “Si se autoriza la educación en casa, han de establecerse controles para asegurar que el menor está recibiendo una educación adecuada”.
Motivaciones y críticas pedagógicas
Entre las causas que impulsan a algunas familias a elegir la educación en el hogar figura la desconfianza en el sistema escolar. “La escuela está en crisis y es la desconfianza hacia ese sistema lo que lleva a más familias a optar por el ‘homeschooling’”, destaca Gregorio Luri. Para él, la modalidad puede ser viable siempre que siga un método y un plan progresivo y exista supervisión por parte de la Administración.
Frente a esa postura, pedagogos defienden la importancia de la escolarización colectiva. Jordi Puig recuerda el papel igualador del centro: “La escuela permite que todos los menores se formen en condiciones de igualdad. Educarles en casa nos conduce a una sociedad menos solidaria y más individualista”.
También se discute la preparación del educador. Puig advierte que los docentes han pasado años de formación específica y que esa profesionalidad influye en la calidad educativa: “Un padre es un padre, no un maestro”.
Socialización y riesgos
La posible pérdida de espacios de socialización es una de las objeciones recurrentes al homeschooling. Luri, sin embargo, matiza esa crítica: “Convivir con decenas de chicos y chicas en un mismo centro no es garantía de aprender destrezas sociales. Que se lo digan a las víctimas de bullying”.
En el fondo, el debate plantea decisiones complejas: cómo garantizar el derecho de los menores a una educación de calidad, proteger su desarrollo social y, a la vez, ofrecer cauces legales y seguridad jurídica a familias que piden otra opción pedagógica. Resolverlo requerirá acuerdos entre administraciones, profesionales y las propias familias.
