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Un informe de la Fundació Equitat.org, presentado este lunes, dibuja una imagen preocupante del sistema educativo catalán: los datos confirman la percepción docente de un curso marcado por la tensión y sitúan a la comunidad en un “punto crítico”. El Anuario de la Educación en Catalunya 2026 reclama un replanteamiento profundo de las políticas públicas para frenar la cronificación de las desigualdades y la caída de los resultados.
Resultados en retroceso
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El anuario, dirigido por Miquel Àngel Alegre y Francesc Pedró y elaborado por una cincuentena de profesionales, recoge tendencias ya detectadas por evaluaciones internacionales. Entre 2015 y 2022, las pruebas PISA registraron descensos de entre 30 y 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, una pérdida equivalente a casi un curso escolar.
La proporción de alumnos con niveles bajos de competencia aumentó más de 10 puntos. En primaria, las pruebas PIRLS y TIMSS muestran también un retroceso: la comprensión lectora de cuarto de primaria cayó de 522 a 507 puntos entre 2016 y 2021.
Otros indicadores de trayectoria formativa confirman la tendencia negativa: la tasa de graduación en la ESO pasó del 93% al 87% entre los cursos 2019-2020 y 2023-2024, y el abandono escolar prematuro se ha estancado en torno al 13,5% en 2025.
Desigualdad como factor determinante
El estudio subraya que el origen social sigue siendo el principal determinante del éxito escolar en Catalunya. Según los autores, la diferencia de rendimiento entre alumnos de familias con mayor y menor renta equivale a unos tres cursos académicos en los resultados de PISA, una brecha por encima de la media de la OCDE.
En el plano del abandono temprano, las diferencias son contundentes: entre los jóvenes de mayor renta el AEP es casi residual (3,8%), mientras que en el cuartil de menor renta alcanza el 25,3%.
Vulnerabilidad que se ha hecho estructural
Los responsables del anuario advierten que la vulnerabilidad educativa se ha vuelto sistémica y señalan tres factores clave. El primero es el incremento de alumnado con necesidades por motivos socioeconómicos: los estudiantes clasificados como NESE B se han duplicado en tres años, pasando de 155.726 a 304.736, lo que representa el 32,1% del total en las etapas obligatorias.
El segundo factor son las brechas en el tiempo no escolar: en 2024, los niños de familias con mayor renta dedicaban el doble de tiempo a actividades extraescolares que los de familias con menor renta. Y el tercero es la persistente segregación escolar, que no se ha corregido a pesar de los pactos vigentes.
Recursos y presión sobre el profesorado
Aunque el presupuesto del Departament aumentó un 33% entre 2020 y 2025, hasta los 7.926 millones de euros, la inversión resulta insuficiente frente al crecimiento de las necesidades. Catalunya destina el 3,8% de su PIB a educación (2024), por debajo del 4,5% de la media española y lejos del 6% que establece la Ley de Educación de Catalunya.
La desproporción entre demanda y recursos es notoria: mientras el alumnado total ha disminuido un 5,5% desde 2019, el número de estudiantes con necesidades específicas ha crecido un 130%. En la ESO, la ratio por aula en 2024-25 es de 28,6 alumnos, superior a la de hace quince años (27,5).
El informe describe situaciones concretas de presión profesional: por ejemplo, hay 888 alumnos NESE B por cada educador social en Catalunya, una carga que dificulta la atención individualizada.
Evaluación crítica de las políticas públicas
El anuario analiza las respuestas gubernamentales con matices. Programas recientes, como el Marco para la mejora de la lengua y las matemáticas (2025-2028), incorporan objetivos de equidad pero destinan recursos muy limitados: apenas el 0,2% del presupuesto del Departament para medidas específicas de este tipo. Instrumentos como el PMOE-PROA+ sufren además inestabilidad financiera y una carga administrativa elevada.
Entre los avances citados como positivos figuran el impulso de la Formación Profesional —con 12.400 plazas adicionales en el último curso— y el despliegue de las llamadas “mochilas económicas”, que aseguran gratuidad de materiales y salidas para 189.000 alumnos vulnerables.
Propuestas para un cambio estructural
El anuario propone 17 medidas orientadas a una equidad estructural. Entre las recomendaciones destaca la ampliación de la “mochila económica” para financiar entre dos y tres horas semanales de acompañamiento educativo, y la creación de una “mochila extraescolar” de 300 euros anuales destinada a actividades fuera del centro.
Otras propuestas incluyen implantar una financiación por fórmula que ajuste recursos a las necesidades de cada centro, transformar las “zonas educativas” en órganos de gobernanza con capacidad distributiva, crear 8.000 nuevas plazas de FP básica para retener alumnado que no obtiene la ESO y diseñar una política de becas que cubra a los jóvenes en situaciones de pobreza, con importes de hasta 4.000 euros anuales.
Finalmente, la 20ª edición del anuario reclama institucionalizar la evaluación de las políticas educativas y exigir rendición de cuentas en todos los programas que superen los 500.000 euros de presupuesto.
El mensaje del documento es claro: sin un aumento sostenido de recursos y un rediseño de las prioridades, los logros recientes corren el riesgo de perderse y la desigualdad seguirá marcando quién puede aprovechar la educación en Catalunya.
