Mostrar resumen Ocultar resumen
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha obligado a Lanbide a restituir la ayuda de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a una mujer venezolana, tras concluir que su autorización de residencia por motivos humanitarios la sitúa en una situación de vulnerabilidad que justifica la prestación. La resolución cuestiona una interpretación estricta de los requisitos de empadronamiento que había dejado a la solicitante sin recursos básicos.
Cómo se produjo la retirada de la ayuda
La beneficiaria presentó la petición de la RGI el 23 de diciembre de 2024 cuando aún figuraba como solicitante de protección internacional y disponía de la conocida como “tarjeta roja”, documento temporal que acredita residencia legal mientras se resuelve una solicitud de asilo, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
AIReF: el IMV puede desincentivar el empleo y en algunos hogares cobrarlo compensa más que trabajar
La pausa de verano perjudica las competencias matemáticas y supone perder un mes lectivo
Lanbide consideró inicialmente que reunía los requisitos y comenzó a pagar la prestación desde el 1 de enero de 2025. Sin embargo, el 14 de mayo de ese mismo año el Servicio Vasco de Empleo decidió extinguir la ayuda con efectos retroactivos desde el 1 de mayo de 2025, alegando que la mujer no cumplía el requisito de haber estado empadronada y residiendo de forma efectiva en la Comunidad Autónoma durante los tres años anteriores a la solicitud.
Situación administrativa y empadronamiento
La demandante, de nacionalidad venezolana, figuraba empadronada en distintos domicilios del País Vasco desde el 14 de agosto de 2023. A la fecha de la solicitud, en diciembre de 2024, no había completado el periodo de tres años exigido por la normativa aplicable a la RGI.
Por su parte, el Ministerio del Interior rechazó su petición de asilo y la protección subsidiaria, pero le concedió autorización de residencia en España por motivos de protección internacional de carácter humanitario.
Qué dice la Ley Vasca de Garantía de Ingresos
La ley autonómica admite excepciones al requisito de tres años de empadronamiento para determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad. Entre ellos figuran:
- refugiados;
- personas con protección subsidiaria;
- solicitantes de asilo mientras su expediente está en trámite;
- víctimas de trata, agresión sexual o violencia de género.
No obstante, la normativa no menciona de manera expresa a quienes cuentan con una autorización de residencia por razones humanitarias, circunstancia que llevó a Lanbide a interpretar que la solicitante no encajaba en las excepciones y, por tanto, a suprimir la ayuda.
La decisión del TSJ y sus argumentos
En la sentencia STSJ PV 2257/2026, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco revocó las resoluciones administrativas y judiciales previas. El tribunal estimó que aplicar una lectura demasiado literal de la ley para excluir a las personas con autorización humanitaria sería contrario al objetivo de la norma.
Según el fallo, el derecho al cobro de la RGI debe valorarse en función de la situación real de desprotección y vulnerabilidad. La autorización de residencia por motivos humanitarios, explica el tribunal, suele responder a circunstancias que impiden el retorno al país de origen y que pueden dejar a la persona sin medios de subsistencia.
Privar a alguien en esa situación de la ayuda mínima para vivir equivaldría, en opinión del TSJ, a negar la protección material que la ley pretende garantizar: dejaría sin contenido el principio de asegurar una existencia mínima digna.
Posibles pasos siguientes
La sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina. Hasta que exista una resolución en esa instancia, el criterio del TSJ del País Vasco sienta un precedente relevante sobre la interpretación de los requisitos de acceso a la RGI cuando concurren autorizaciones de residencia por motivos humanitarios.
