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Un estudio recién publicado encuentra que la PAU sigue siendo útil para el acceso a la universidad, pero no asegura que todos los aspirantes sean evaluados en las mismas condiciones. Los autores piden cambios concretos —entre ellos la doble corrección desde el inicio y la formación específica de los correctores— para reducir la variabilidad entre comunidades.
Evaluaciones distintas, resultados dispares
La investigación, titulada «La investigación sobre el acceso a la universidad en España: revisión bibliométrica hasta 2024», examina décadas de trabajos sobre la selectividad. Sus autores —la profesora Judit Ruiz-Lázaro, vicedecana de Innovación e Investigación de la Facultad de Educación de la UNED, junto a Coral González Barberá y José Luis Gaviria-Soto, ambos de la Universidad Complutense— concluyen que la prueba no opera como un único estándar nacional.
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En la práctica existen lo que el estudio describe como 17 pruebas distintas en términos de contenido y criterios de corrección. Esa heterogeneidad, según los investigadores, termina por favorecer a quienes han contado con mejores recursos educativos y entornos más estables durante el Bachillerato.
Factores externos que influyen en la nota
Los autores subrayan que la nota de la PAU recoge más que conocimientos: también refleja condiciones socioeconómicas, acceso a academias, y la estabilidad del profesorado del centro de procedencia. Un mismo expediente de Bachillerato no siempre recibe la misma exigencia evaluadora en distintas comunidades.
Por eso proponen orientar las pruebas hacia la capacidad de razonamiento, con preguntas y criterios que reduzcan la ventaja de entornos más favorecidos y midan competencias transferibles.
Problemas recientes que ponen el debate en primer plano
La discusión llega en un momento de tensión: en Catalunya el Departament de Recerca i Universitats registró 2.057 peticiones de revisión del examen de Matemáticas científico-tecnológicas —unos 600 más que el curso anterior— tras quejas de estudiantes sobre la dificultad del examen y el tiempo disponible.
En el País Vasco, por su parte, se detectó un número inusual de suspensos —incluidos ceros— en la prueba de Euskera, un episodio que ha motivado recursos judiciales. Estos incidentes ilustran, para los autores, la necesidad de medidas que anticipen y reduzcan la percepción de arbitrariedad.
Qué cambios proponen los investigadores
Partiendo de su revisión bibliométrica, Ruiz-Lázaro y sus coautores reclaman reformas prácticas y compatibles con el marco legal actual. Subrayan que el real decreto de la PAU, vigente desde 2025, busca mayor homogeneidad pero mantiene a las comunidades la potestad sobre el diseño y el contenido de las preguntas.
- Formación específica para correctores (profesorado de universidad y de instituto), con protocolos comunes que reduzcan la subjetividad.
- Implantar la doble corrección como norma desde el inicio del proceso, no solo como recurso en reclamaciones.
- Introducir una parte común en cada prueba con criterios de corrección compartidos, dejando el resto a contenidos autonómicos.
- Mejorar la coordinación temporal (misma fecha y hora) cuando haga falta, para evitar filtraciones en exámenes de carácter común.
Los investigadores señalan que ciertas mejoras ya se han implementado, como la unificación de criterios para penalizar faltas de ortografía y mala presentación, que entró en vigor en la selectividad de 2025. Pero advierten que otras propuestas requieren voluntad política para materializarse.
Inflación de notas y falta de homogeneidad
El estudio no encuentra evidencia de una inflación sistemática de calificaciones en centros privados frente a públicos, las llamadas «notas infladas». Sí detecta, en cambio, una falta de homogeneidad en cómo se evalúa a alumnos con expedientes similares, lo que puede generar diferencias de trato sin que exista intención explícita de favorecer a nadie.
En su balance final, Ruiz-Lázaro y sus colaboradores sostienen que, tal y como está diseñada hoy la PAU, no garantiza condiciones equivalentes para todos los estudiantes. La razón: pruebas no equiparables entre comunidades, criterios de corrección heterogéneos y un diseño que no es neutral respecto a las condiciones de partida del alumno.
