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El Govern ha aprobado dos medidas que afectan a la primera infancia y a la educación ambiental: un aumento de las ayudas a las escuelas infantiles privadas para el tramo de I-2 y un plan interdepartamental para introducir la sostenibilidad en los centros hasta 2030. Ambos acuerdos buscan, según el Ejecutivo, aliviar la carga económica de las familias y reforzar la respuesta educativa ante los retos socioambientales.
Subvenciones más altas para I-2 y alivio en las cuotas
La Generalitat incrementa en 200 euros la subvención por alumno en las escuelas infantiles privadas de I-2, que pasará de 800 a 1.000 euros por curso a partir de septiembre de 2026. El objetivo es que los centros trasladen ese aumento a las familias mediante descuentos proporcionales en las cuotas.
Ayuda de hasta 1.000 euros para familias con menores y personas mayores vulnerables
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El acuerdo también amplía la aportación adicional destinada al alumnado más vulnerable en estos centros. El Ejecutivo presenta la medida como un paso hacia la universalización progresiva del primer ciclo de educación infantil, y como un intento de frenar la pérdida de plazas en el sector privado: según las patronales y el Govern, una de cada tres guarderías privadas en Catalunya ha cerrado desde 2001.
Un plan para integrar la sostenibilidad en la educación
En la misma sesión el Govern aprobó el Plan Interdepartamental de Educación para la Sostenibilidad 2026-2030, impulsado por las conselleries de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y d’Educació i FP. El plan pretende formar una ciudadanía crítica y capacitada para afrontar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los recursos naturales.
El documento se alinea con marcos internacionales como la Agenda 2030 y con la LEC, y parte del reconocimiento de que la perspectiva ecosocial ya figura en el currículo vigente como elemento central del aprendizaje.
Cuatro ejes para cambiar aulas y centros
El plan se organiza en cuatro líneas de acción. Primero, el alumnado: se busca que los estudiantes adquieran competencias para ser una ciudadanía «ecosocialmente activa», capaz de tomar decisiones informadas y responsables.
El segundo eje se orienta al profesorado, con medidas para mejorar su formación en temas socioambientales y para impulsar metodologías que integren el entorno como espacio de aprendizaje.
El tercer bloque pone el foco en los centros educativos como agentes de transformación: promover su sostenibilidad, proteger la biodiversidad local y aplicar medidas contra el cambio climático. Por último, el cuarto eje promueve la creación de redes y colaboraciones entre centros, universidades, entidades sociales y administraciones locales.
Medidas concretas y despliegue
Entre las acciones previstas figuran la creación y mejora de comités ambientales y espacios de participación democrática en las escuelas, el desarrollo de proyectos vinculados a la conservación de espacios naturales cercanos y el refuerzo de la formación docente en estas áreas.
También se contempla mejorar la gestión ambiental de los centros —eficiencia energética, reducción del consumo de recursos y la naturalización de espacios escolares— y la puesta en marcha de un portal virtual para compartir recursos, herramientas y buenas prácticas. El plan apuesta por la cocreación de proyectos con instituciones científicas, universidades y entidades ambientales y sociales.
En total, el documento recoge más de sesenta acciones hasta 2030. Sus impulsores subrayan que su éxito exigirá una gobernanza compartida y la implicación de todos los actores del ecosistema educativo.
Para las familias, el incremento de la subvención puede traducirse en cuotas más bajas en el sector privado; para los centros, el plan abre una agenda de cambios organizativos y formativos con horizonte 2030.
