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Una encuesta de GESOP para Prensa Ibérica revela una fuerte división por edades sobre la regularización extraordinaria de migrantes que impulsa el Gobierno. El proceso, que ha generado más de 1,2 millones de solicitudes en la Seguridad Social, convence sobre todo a las generaciones mayores y suscita reticencias entre los jóvenes.
Brecha generacional en las opiniones
El sondeo muestra que el respaldo a la medida crece con la edad. Solo el 36,1% de los menores de 30 años se declara a favor, frente a un 40,1% en el tramo de 30 a 44 años. La aceptación sube al 51,6% entre quienes tienen entre 45 y 59 años y alcanza el 55,4% en los mayores de 60.
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En términos globales, el 48,3% de los encuestados apoya la regularización y el 47,9% se opone; un 3,7% no respondió. Las diferencias por sexo son pequeñas: las mujeres muestran algo más de respaldo (51%) que los hombres (45,5%).
Contradicción aparente entre derechos y apoyo
Curiosamente, aunque los jóvenes se muestran mayoritariamente adversos al proceso de regularización, sí respaldan conceder a las personas migrantes los mismos derechos que a la población nacional. El 63,4% de los menores de 30 está a favor de esa equiparación, porcentaje que sube hasta el 68% entre los mayores de 60, lo que apunta a un consenso intergeneracional en materia de derechos, pese al rechazo sobre la fórmula concreta de regularización.
Efectos económicos y percepciones sobre el empleo
Parte del apoyo entre generaciones mayores puede explicarse por experiencias previas: esta iniciativa no es inédita. Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra sobre la regularización de 2005, promovida con Zapatero y que afectó a cerca de 600.000 personas, estima que la medida elevó la recaudación por cotizaciones e impuestos en 4.189 euros por persona regularizada y dejó un saldo positivo aproximado de 2.400 millones de euros anuales.
Tampoco falta el argumento laboral. Muchos jóvenes perciben a los migrantes como competencia por empleos de baja cualificación, puerta de entrada al mercado laboral. Sin embargo, informes como el del Consejo Económico y Social (CES) indican que la incorporación de trabajadores migrantes puede impulsar la movilidad de la población nativa hacia ocupaciones más cualificadas y, a medio y largo plazo, generar mejoras de productividad para la economía en su conjunto.
Más apoyo en pueblos que en grandes ciudades
La iniciativa, nacida de una propuesta ciudadana que reunió más de 600.000 firmas, recoge mayor consenso en municipios pequeños y zonas rurales. Allí los migrantes suelen ser vistos como mano de obra necesaria para la agricultura y como un factor de rejuvenecimiento en áreas despobladas; las patronales agrarias han celebrado el proceso.
En las grandes urbes, en cambio, el rechazo se concentra: alrededor del 50% se opone. La percepción pública también aparece sesgada, según un estudio de la Fundación Iseak basado en 3.224 entrevistas, que detectó que la población tiende a sobrestimar tanto el desempleo entre migrantes como el número de personas que reciben ayudas sociales.
Polarización política
En el plano partidista la respuesta es nítida. Los votantes del PP y de Vox muestran un rechazo mayoritario, con el 80% y el 87% de sus electores en contra, respectivamente. Junts registra un electorado dividido —51,8% en contra y 48,2% a favor— mientras que la izquierda se presenta unida en torno al apoyo: el 66% de los votantes del PSOE respalda la medida, y los porcentajes de acuerdo rozan el 87% entre quienes votan a Sumar y a ERC.
Ficha técnica
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Empresa responsable | GESOP |
| Técnica de investigación | Entrevistas telefónicas y online |
| Ámbito del estudio | España |
| Población objetivo | Personas mayores de edad con derecho a voto |
| Dimensión de la muestra | 1.001 entrevistas |
| Tipo de muestreo | Proporcional por comunidad autónoma y tamaño de municipio; cuotas cruzadas de sexo y edad |
| Margen de error | ± 3,1% (nivel de confianza 95%) |
| Trabajo de campo | Del 6 al 9 de julio de 2026 |
